Hay proyectos que nacen por convicción, otros por oportunismo y algunos -los más interesantes, cómo este,- parecen llegar como respuesta a viejas miradas incómodas, silencios selectivos y favores que no fueron tan gratis.

El concejal Martín Antolín, recordado por haber dado positivo en un control de alcoholemia y por su posterior negativa a renunciar a la banca, presentó ahora una ordenanza que propone tests de drogas obligatorios para los 12 integrantes del Concejo Deliberante de San Rafael. Hasta ahí, el argumento suena prolijo. Demasiado prolijo.

Porque el proyecto no parece surgir de una repentina iluminación ética, sino más bien de una devolución de gentilezas morales. Una especie de "si me miraron raro a mí, ahora miremos todos".

La iniciativa establece que el concejal que dé positivo será suspendido sin goce de haberes hasta iniciar un tratamiento, el mismo mecanismo que se aplicó cuando Antolín fue suspendido por un mes.

En los fundamentos, el edil libertario asegura que los consumidores de estupefacientes financian al narcotráfico y que los concejales deben dar el ejemplo para construir "un departamento sin drogas ilícitas". El mensaje es claro. Lo que no queda tan claro es a quién va dirigido.

Porque si algo deja flotando este proyecto es una pregunta incómoda:

¿se trata de prevención. o de advertencia?

La propuesta de rinoscopías cada seis meses, con sorteos públicos al final de cada sesión para determinar quién debe ir al laboratorio a testearse por cocaína, marihuana y drogas de diseño, parece menos una política de salud y más una ruleta moral. Una donde nadie, según Antolín, estaría completamente a salvo.

Y ahí aparece la sospecha inevitable:
¿qué sabe Antolín que el resto no?

Porque el proyecto no huele a ingenuidad. Huele a mensaje interno, a pase de facturas con membrete legal, a esa lógica política donde nadie está libre de pecado y todos prefieren que, si cae uno, caigan varios.

La ordenanza ahora seguirá el camino formal: comisión, dictamen y recinto. Y serán los mismos doce concejales quienes decidan si aceptan o no someterse al escrutinio químico. Una votación que, más allá del resultado, dirá mucho más de lo que cualquier test pueda detectar.

En política, como en la vida, parecen haber gestos que no buscan limpiar sino igualar la mancha.