La Justicia Federal confirmó las condenas a los responsables de adulterar la documentación del micro involucrado en la Tragedia de la Cuesta de los Terneros, ocurrida el 25 de junio de 2017. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo dictado en junio de 2025 por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, dando firmeza a las penas impuestas por la maniobra que permitió habilitar de manera irregular al colectivo.

De esta manera, quedó confirmada la condena a tres años de prisión para Marcia Villagra (40), propietaria del micro y esposa del chofer fallecido en el vuelco, y a cinco años y dos meses para Mario Pinelli (81), titular del taller Control Automotores Buenos Aires S.A, donde se realizaron las adulteraciones técnicas para falsear la verificación del vehículo. También fueron ratificadas las penas para los ingenieros Mario Gabriel Eusebio (57), Edgardo Marcelo Gallardo (56) e Ignacio Efraín Peralta (63), quienes facilitaron el acceso al sistema mediante el uso indebido de usuarios y contraseñas. Además de las penas de prisión, recibieron inhabilitación profesional por el mismo plazo.

Hasta el momento, este fallo constituye la única condena judicial vinculada a la tragedia. En San Rafael estaba previsto un juicio por jurados contra Villagra y Jorge Pinelli, segundo conductor del micro y padre del chofer, acusados de homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, días antes del debate, ambos fueron sobreseídos por decisión judicial.

El juez Rodolfo Luque consideró que la única responsabilidad penal recaía en el chofer del colectivo, quien perdió la vida en el siniestro, y que su fallecimiento impedía avanzar con otras imputaciones y resolvió extinguir la persecución penal contra Marcia Villagra, dueña del colectivo, y Jorge Pinelli, padre del chofer fallecido, en la causa caratulada como homicidio simple con dolo eventual, pese a que en el accidente murieron 15 personas, 14 resultaron con lesiones graves y 22 sufrieron heridas leves.

Esta resolución fue apelada por el fiscal y los abogados de sobrevivientes y familiares de las víctimas Carla Spangnolo y Rufino Troyano, quienes sostienen que los acusados conocían el mal estado del vehículo y el funcionamiento deficiente de los frenos, por lo que debieron prever el riesgo de una tragedia. La apelación continúa bajo análisis en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.