José Luis Ramón volvió a tomar distancia del PJ, espacio con el que fue aliado, y presentó una acción judicial para frenar el proceso de autonomía municipal en San Rafael.

El todavía diputado provincial solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la suspensión de la elección de convencionales municipales, que se realizará en simultáneo con la elección de concejales. En esa jornada, los sanrafaelinos deberán elegir a 24 convencionales encargados de redactar la futura Carta Orgánica Municipal.

De concretarse el cronograma vigente, los convencionales contarán con un plazo de 60 días para comenzar a sesionar. A partir de la sesión constitutiva, la Convención Municipal dispondrá de 90 días para elaborar y aprobar el nuevo texto institucional, que funcionará como una verdadera Constitución municipal para San Rafael.

No obstante, ese proceso podría verse interrumpido si prospera la presentación judicial impulsada por Ramón, quien pidió una medida cautelar urgente para suspender la elección prevista para el 22 de febrero de 2026.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada contra la Ordenanza Nº 15.430/25 del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, norma que declara la autonomía municipal y convoca a elecciones para dictar la Carta Orgánica. Según el planteo, la ordenanza avanza sin respetar procedimientos legales esenciales y desconoce competencias que corresponden a la Provincia.

Entre los principales cuestionamientos se señala que el municipio no puede dictar una norma constituyente por fuera del marco provincial, ya que Mendoza no ha reformado su Constitución ni la Ley Orgánica de Municipalidades tras la reforma constitucional de 1994. En ese sentido, se sostiene que antes de avanzar con la autonomía municipal, la Provincia debería establecer los parámetros generales correspondientes.

Otro de los puntos centrales es la falta de un plebiscito previo, mecanismo que la Constitución de Mendoza exige para cualquier proceso de reforma institucional de esta magnitud. También se advierte que la ordenanza no habría sido aprobada con la mayoría agravada de dos tercios que establece la normativa constitucional.

Desde la presentación judicial se aclara que no existe una oposición a la autonomía municipal, sino que se reclama que el proceso se realice de manera correcta, transparente y ajustada a derecho, para evitar que la futura Carta Orgánica quede expuesta a impugnaciones y genere un daño institucional y económico.

La solicitud de suspensión busca frenar el proceso electoral hasta que se subsanen los defectos señalados, con el objetivo de garantizar que San Rafael cuente con una Carta Orgánica válida y una autonomía municipal efectiva, en un proceso que podría sentar precedente para otros municipios de Mendoza y del país.