El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que moderniza el régimen de prevención y control de incendios en la provincia, una normativa que actualiza un esquema vigente desde hace casi dos décadas y redefine las competencias para el otorgamiento del Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Cemepaci).

La nueva ley, identificada como 9.688, reemplaza a la anterior 7.499, sancionada en 2006, y apunta a agilizar trámites, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del sistema sin descuidar los estándares de seguridad. El eje central de la reforma es la descentralización del proceso de certificación, permitiendo que los municipios que cuenten con capacidad técnica puedan asumir un rol activo en la habilitación contra incendios.

En este marco, el director de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, explicó que se trata de una actualización largamente necesaria. "Lo que ha cambiado es una ley que era del año 2006, que tenía casi 20 años. Ahora hay una nueva ley, la 9.688, que modifica varios aspectos centrales del régimen de prevención de incendios", señaló.

Hasta ahora, la habilitación debía tramitarse exclusivamente ante la Dirección de Bomberos de la provincia, incluso cuando la habilitación comercial se realizaba en los municipios. Según Mondotte, ese sistema generaba demoras, idas y vueltas administrativas y altos costos para los comerciantes. "Cuando habilitabas un comercio, sobre todo si era de grandes dimensiones o tenía algún riesgo puntual, como supermercados, concesionarias, pinturerías o estaciones de servicio, siempre tenías que contar con el certificado de bomberos provincial. Era un trámite engorroso, caro y con muchas demoras", explicó.

Con la nueva ley, los municipios que cuenten con áreas técnicas especializadas en seguridad e higiene podrán emitir directamente el Cemepaci para determinados tipos de inmuebles, concentrando en un solo lugar la habilitación comercial y la certificación contra incendios. "Ahora ese proceso se descentraliza en los municipios, que van a poder hacer no solo la habilitación comercial, sino también el estudio técnico y la emisión del certificado de incendios", remarcó Mondotte, y agregó que esto permite "desburocratizar, quitar oficinas intermedias y hacerlo todo en un mismo ámbito".

La norma establece que la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza mantendrá competencias indelegables. Continuará otorgando el certificado en edificios públicos, semipúblicos y privados vinculados a la prestación de servicios públicos, además de conservar bajo su órbita las auditorías, inspecciones y pericias posteriores a incendios. En los departamentos que no cuenten con áreas técnicas municipales, el trámite seguirá realizándose ante Bomberos provinciales.

Otro de los cambios relevantes es la extensión de la validez del certificado. A diferencia del régimen anterior, que fijaba vencimientos de uno, dos o tres años según la actividad, ahora el Cemepaci mantendrá su vigencia mientras no se realicen modificaciones estructurales en el inmueble. "Si no hay cambios en el local, no tiene sentido volver a exigir el mismo trámite. Habrá inspecciones para verificar que esté todo en condiciones, pero ya no se repite el proceso completo", explicó Mondotte, al tiempo que destacó que esto reduce tiempos y costos para los contribuyentes.

La reforma beneficia a una amplia gama de actividades económicas, como estaciones de servicio, supermercados, galerías comerciales, edificios habitacionales, hoteles, complejos de cabañas, restaurantes y espacios recreativos. "Esto favorece a comerciantes, industriales y a quienes desarrollan actividades económicas en toda la provincia. El trámite va a ser más corto, más rápido, más económico y, además, sin vencimientos innecesarios", sostuvo el funcionario.

La modificación del régimen de incendios se enmarca en el desarrollo del Código Unificado de Construcción, un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, los municipios y organismos técnicos, que busca unificar criterios constructivos en toda la provincia y brindar mayor previsibilidad al sector público y privado.

Con la promulgación de esta ley, Mendoza avanza hacia un sistema más ágil y coordinado en materia de prevención de incendios, con reglas claras, responsabilidades diferenciadas y un enfoque que combina descentralización administrativa con control técnico especializado.