Una investigación iniciada en San Rafael permitió desbaratar una compleja red de estafas digitales que operaba desde el interior de distintas cárceles de Mendoza, con ramificaciones externas y decenas de cómplices.

El caso se originó tras la denuncia de una mujer mayor de edad, vecina de San Rafael, que fue víctima de una maniobra fraudulenta a través de redes sociales. A partir de ese hecho, este miércoles se realizaron 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia, por orden de una de las Fiscalías de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Javier Giaroli.

Como resultado de los procedimientos, se logró la detención de 15 personas -la mayoría ya privadas de la libertad- y el bloqueo de más de 100 billeteras virtuales utilizadas para canalizar el dinero obtenido de las estafas. Además, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La pesquisa incluyó el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, que permitieron detectar patrones de fraude, elaborar gráficos de redes y analizar vínculos entre los distintos integrantes de la organización.

Cómo comenzó la estafa

Todo comenzó cuando la víctima tomó contacto, a través de Facebook, con una página que aparentaba ser una financiera que ofrecía créditos personales. Tras manifestar su interés en un préstamo, fue contactada rápidamente por supuestos empleados de la firma.

Sin advertir la maniobra, la mujer entregó sus datos personales, que luego fueron utilizados por los estafadores para profundizar el engaño. A partir de allí, comenzó a recibir llamados y mensajes de distintas personas que se hacían pasar por integrantes de la financiera y le exigían transferencias de dinero bajo diversos pretextos.

En algunos casos, le informaban que la empresa había quebrado; en otros, la amenazaban con allanamientos judiciales, la intervención de un fiscal e incluso con órdenes de detención falsas. Para sostener la extorsión, le enviaban documentación apócrifa, incluyendo supuestas resoluciones judiciales.

La presión ejercida por los delincuentes convirtió la vida de la víctima en un verdadero calvario. A lo largo del tiempo, lograron sustraerle casi 12 millones de pesos, que fueron transferidos a numerosas billeteras virtuales.

Finalmente, la mujer denunció los hechos y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Giaroli.

Una red que operaba desde las cárceles

La investigación permitió reconstruir el circuito del dinero y establecer que los principales responsables eran internos alojados en el penal de Almafuerte, en Luján de Cuyo, y en cárceles del Sur provincial.

Según se determinó, varios detenidos en los penales del norte mendocino son oriundos de San Rafael, lo que facilitó la conformación de una organización delictiva junto a cómplices del Sur.

Los estafadores operaban con múltiples cuentas virtuales, muchas de ellas en plataformas como Mercado Pago. Algunas cuentas habrían sido compradas a terceros, incluso a personas radicadas en Buenos Aires. Posteriormente, el dinero era derivado a familiares, parejas y allegados que actuaban desde el exterior de los penales.

Entre los detenidos figura una empleada de la Municipalidad de San Rafael, quien fue aprehendida cuando salía de su lugar de trabajo. La mujer confesó que recibía dinero en su billetera virtual proveniente de cuentas manejadas por un familiar privado de la libertad.

El fiscal solicitó el bloqueo de CUIT y CUIL de los sospechosos, además de la suspensión de sus actividades en plataformas de pago digital, con el objetivo de impedir la apertura de nuevas cuentas. En total, se logró el cierre de más de un centenar de billeteras virtuales utilizadas para las maniobras ilegales.

La causa se investiga bajo las calificaciones de estafa, extorsión y falsificación de documento, en modalidad continuada.