El escándalo protagonizado por el concejal libertario Martín Antolín, detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Mendoza mientras conducía con 1.15 g/l de alcohol en sangre -muy por encima del límite legal-, sigue generando repercusiones. A pesar de la gravedad del hecho y de que fue sorprendido no solo manejando borracho sino con una copa de alcohol en la mano, el edil se niega a renunciar.

Pero lo que más indignación genera, tanto en la ciudadanía como en parte del arco político, es el tibio pedido del justicialismo local. Lejos de exigir la renuncia inmediata, la concejal Pamela Torres, del PJ, propuso una suspensión de apenas 30 días sin goce de dieta. Una especie de "llamado de atención", que parece más una jugada para apagar el fuego político sin romper la alianza de conveniencia entre Antolín y los hermanos Félix, con quienes el concejal se alineó poco después de asumir por el partido libertario en 2023.

Este pedido de suspensión, que evita el costo político de vaciar una banca, expone las prioridades del PJ sanrafaelino: preservar el equilibrio interno antes que dar una respuesta contundente ante un hecho inadmisible.

En contraste, desde el radicalismo la postura es clara: piden la remoción inmediata de Antolín por considerar que su conducta compromete la ética del cuerpo deliberativo. "Somos concejales y debemos dar el ejemplo", expresó Leonardo Yapur, quien impulsa el proceso de destitución.

Mientras tanto, Antolín no solo se niega a dar un paso al costado, sino que hace perder tiempo institucional a todo el Concejo. Su silencio y su resistencia parecen decir más que cualquier declaración. El concejal que puso en riesgo la vida de otros ciudadanos no muestra intención de asumir las consecuencias de sus actos. Parece que pesa más el sueldo a fin de mes que la responsabilidad pública.