Hace unas semanas fue presentado el nuevo régimen de sanciones para casos de bullying, el cual establece que los padres o responsables de estudiantes que ejerzan hostigamiento, agresiones o violencia escolar podrán recibir multas económicas cuando se demuestre su falta de acompañamiento, intervención o responsabilidad ante la conducta de sus hijos.

La delegada de la DGE zona Sur, María José Sanz, explicó cómo funcionará este mecanismo y cuál será el rol de las instituciones educativas en su aplicación.

Sanz detalló que la normativa no apunta a la sanción directa sino que se dará únicamente en contextos donde quede documentado que hubo reiteración de conductas violentas y ausencia de cooperación familiar.

Por otra parte indicó que los casos de bullying se mantienen como una preocupación constante en el sistema educativo mendocino, y que este tipo de medidas busca fortalecer la prevención, mejorar los entornos escolares y promover la participación activa de las familias en cada instancia del proceso.

Asimismo Sanz destacó que la prioridad seguirá siendo el abordaje pedagógico y emocional dentro de los establecimientos, y enfatizó en la importancia de que la familia se involucre.