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A través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resolvió favorablemente los recursos administrativos de reconsideración interpuesto por el Ejecutivo Provincial.
La decisión de las autoridades nacionales respecto a las tierras entregadas a comunidades "supuestamente" mapuches, deja sin efecto las resoluciones de 2023. Además, los expedientes vuelven a foja cero para que el tratamiento sea con la efectiva participación de Mendoza, según lo expresado en el BO nacional.
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reabrió tres expedientes, el 25 de octubre de 2024, en los que reconocían territorios ancestrales a comunidades mapuches en la provincia. Los expedientes en cuestión involucraban el reconocimiento de 25.477 hectáreas para las comunidades Lof Suyai Levfv, Lof Limay Kurref y Lof El Sosneado.
El Gobierno de Mendoza presentó una serie de argumentos en contra de estas resoluciones, alegando que se habían vulnerado derechos provinciales y que no se había consultado de manera adecuada a la provincia. Entre los principales argumentos esgrimidos, hace referencia a la autonomía provincial y a los derechos de propiedad privada de sus habitantes. Además, se cuestionó el incumplimiento de la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de consultar a los estados provinciales en estos casos.
Es importante señalar que dichos recursos fueron inicialmente presentados por el Ejecutivo Provincial ante las autoridades del INAI y luego, en causas iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe destacar que en situaciones similares en otros lugares del país son los legítimos propietarios de las tierras quienes reclaman por sus derechos, en el caso de Mendoza, el planteo resulta innovador en tanto es el propio Estado provincial el que inició los reclamos ante la Nación.
Desde el INAI, la nueva conducción reconoció que hubo una "extralimitación" de sus competencias respecto a la cesión de terrenos, teniendo en cuenta que no se le garantizó una participación efectiva a la provincia de Mendoza, en término de su autonomía provincial y además en determinados convenios de colaboración que se habían rubricado entre las partes.
También sostuvieron que "es propósito del organismo el cumplimiento y garantía de los derechos constitucionales en una interpretación armónica, ponderando la división de poderes en un sistema democrático" y que "resulta indispensable la articulación, coordinación y respeto a las autonomías provinciales, sin las cuales se torna de imposible cumplimiento la construcción y garantía de derechos".
De esta forma, la dirección de Asuntos Jurídicos del INAI intervino y resolvió "favorablemente el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por la Provincia de Mendoza, en el marco de las competencias concurrentes y el federalismo concertado, en garantía del derecho de debido proceso", tal como marca el artículo 1 de las resoluciones.
En tanto, el artículo 2 de las resoluciones 9, 10 y 11 de este 2024, dejó "sin efecto" las resoluciones 36, 42 y 47 del INAI de 2023.
Una de las primeras funcionarias de la gestión provincial en celebrar la decisión nacional fue la vicegobernadora Hebe Casado, que habló de "fallos arbitrarios del INAI que en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado".
"Gracias a la acción administrativa del Gobierno de Mendoza, elevada al gobierno del presidente Javier Milei, se logró anular estas resoluciones, obligando al INAI a reconocer su inconstitucionalidad y nulidad. En consecuencia, queda sin respaldo oficial el intento de apropiación de tierras en el sur provincial basado en argumentos infundados", marcó.
Casado destacó el rol de Avruj, cuya gestión "permitió la anulación de estas resoluciones, que pretendían reconocer la ocupación de las organizaciones Suyai Leufu y Limay Kurref en Los Molles (Malargüe), y de la comunidad Lof en El Sosneado (San Rafael)".
"Este fallo reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren", finalizó.
El director General de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, calificó la medida como una "decisión histórica" en la que "por primera vez el Instituto de Asuntos Indígenas deroga una resolución propia ante un recurso de una provincia".
"Los expedientes por 25 mil hectáreas alcanzadas por relevamientos mal sustanciados vuelven a foja cero. Se reconoce la razonabilidad de los planteos del Gobierno de Mendoza, pero ante todo se impone una mirada ajustada a derecho y federal. Valoramos el compromiso de Claudio Avruj y el Gobierno Nacional", marcó.
