El Senado aprobó esta noche la reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, iniciativa en la que el Gobierno obtuvo la aprobación a partir del respaldo de gobernadores de provincias con fuerte perfil minero como son las del noroeste y las de Cuyo.

La iniciativa fue aprobada con 40 votos a favor 31 en contra, y una abstención.

La propuesta redefinió el alcance operativo de la norma sancionada en 2010, que establecía presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la ley vigente presenta "falencias interpretativas" que generan inseguridad jurídica y desalientan inversiones, y aseguraron que la modificación no elimina la protección, sino que ordena competencias entre Nación y provincias.

La titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich destacó que "terminemos con la falsa opción de elegir entre agua y explotación minera" sino que son ambas, y recordó que la ley "tiene un estudio de impacto ambiental" previo a cualquier desarrollo minero.

"No pudimos obtener inversiones desde el 2010 por la mala interpretación de la Ley de Glaciares. Con esta modificación se sigue cuidando el agua", dijo Bullrich desde La Libertad Avanza, y destacó que "no se elimina, se ordena" la interpretación de la norma porque "proteger no es paralizar"

El eje más controvertido es la redefinición del ambiente periglaciar que la legislación actual protege como al glaciar mismo, bajo un criterio preventivo amplio. El proyecto oficial acotó esa definición y limitó la protección a aquellos cuerpos que cumplan funciones hídricas específicas verificadas, lo que reduce el universo de áreas alcanzadas por la restricción.

Desde su sanción en el 2010, el sector minero cuestionó la amplitud del concepto de área periglaciar y sostuvo que la redacción original afectó emprendimientos ubicados en zonas donde no existen glaciares visibles.

Las empresas argumentaron que la indefinición normativa habilitó litigios que frenaron proyectos productivos, en tanto científicos y especialistas advierten que separar el glaciar de su ecosistema asociado desconoce el funcionamiento integral del sistema hídrico de montaña.

La investigadora del CONICET Gabriela González Trilla advirtió que cualquier modificación debe respetar el principio de no regresión ambiental consolidado por la Corte Suprema. Señaló que el inventario vigente delimita áreas que no deberían perder protección y cuestionó el criterio de "significancia hídrica" incorporado en el proyecto, al considerar que podría dejar expuestos glaciares claves para regiones áridas y semiáridas.

Del lado de las provincias mineras, el respaldo es explícito. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la reforma y afirmó que restituye derechos a las jurisdicciones sobre sus recursos naturales, en línea con los artículos 41 y 124 de la Constitución. Argumentó que la actividad minera es clave para sostener el empleo y combatir la pobreza en su distrito.

Desde Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que la adecuación busca mejorar la aplicación efectiva de la norma y subsanar déficits de información, especialmente en zonas periglaciares. En San Juan, el funcionario del área de minería, Roberto Moreno planteó que las provincias mantendrían la potestad de autorizar actividades productivas bajo evaluaciones ambientales basadas en el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Para el oficialismo, la reforma representa "una señal de previsibilidad para atraer inversiones y dinamizar economías regionales" para que "las provincias puedan cambiar su matriz productiva y dejen de ser solo productoras de empleados público. Argentina necesita producción, trabajo, para dejar de tener un 32% de pobreza. Queremos que los argentinos sean ricos, no pobres", dijo Bullrich.

Por su parte la Senadora Juliana di Tullio (PJ- Buenos Aires) dijo que "la norma aprobada no dará seguridad jurídica" para las inversiones que se quieren traer.

Presenciaron el debate la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.