El Fiscal de Estado rechazó las denuncias presentadas por antimineros contra el expediente donde se analizan los 34 proyectos de exploración minera de cobre en Malargüe, expresando que se han cumplido cada uno de los estamentos instituidos por la normativa legal vigente; que la Autoridad Ambiental Minera ha cumplido con la normativa ambiental y que se encuentra en curso un procedimiento dentro del marco legal vigente.

Luego de que la empresa estatal Impulsa Mendoza y la Dirección de Minería le pidieran a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo el estudio técnico de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, a la Fiscalía de Estado ingresaron un par de denuncias.

Le pedían al fiscal Fernando Simón, que en su rol de custodio de los bienes del Estado, investigara porqué la resolución de Impulsa no había sido publicada en el Boletín Oficial, lo que impedía -según los denunciantes- el acceso a la información pública. Y puntualmente Eduardo Sosa, uno de los que presentaron cuestionamientos, marcó que la iniciativa que se había presentado no cumplía con la ley, porque omitía "una descripción del proyecto y el ecosistema en que se haría la actividad".

El ex funcionario de Ambiente, cuestionó que se hubiera pedido "un estudio general para un área muy extensa con una simulación de posibles combinaciones simultáneas de hasta 8 proyectos de un total de 33 en estudio, lo que no atiende la especificidad de cada proyecto".

Otras denuncias en la Fiscalía de Estado

También ingresaron a la fiscalía otras 2 denuncias más -una de ellas con 24 firmas que la avalaban- por presuntas irregularidades al tramitar un único informe de impacto ambiental de todos esos proyectos mineros.

Hay que recordar que este primer estudio técnico al que se abocó la facultad de la UNCuyo supone analizar el estudio de impacto ambiental de 34 proyectos, comprendidos en el polígono denominado Malargüe Distrito Minero Occidental, una zona que comprende 20.000 km2 de extensión, localizada en la misma faja geológica que alimenta los grandes yacimientos de cobre de Chile.

Sosa también marcó que dentro de ese polígono "existen áreas naturales protegidas" lo que a su entender exige un dictamen del Iadiza, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas.

Los argumentos con los que el fiscal de Estado rechazó las denuncias

En un extenso documento de 30 páginas, el fiscal de Estado fue rechazando uno a uno los planteos de los denunciantes.

Ratificó, con links de las publicaciones de la Dirección de Minería, que la resolución que dio inicio al estudio del impacto ambiental que inició la UNCuyo de los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental es de acceso público y se difundió el 31 de julio pasado y detalló uno a uno los informes de impacto ambiental de cada uno de los 34 proyectos presentados, cumpliendo así lo exigido en el decreto 820/06.

También refutó el reclamo por el acceso a la información necesaria para que cualquier ciudadano pudiera participar de las audiencias públicas por esos proyectos mineros: "Se están impulsando diversas medidas para facilitar el acceso a la información, agilizar e incrementar la transparencia y accesibilidad. Esto se logra mediante el uso de herramientas tecnológicas que permiten el acceso remoto y el seguimiento efectivo de la actividad administrativa", marcó Simón en su informe.

Apuntó a los talleres de participación ciudadana que se desarrollaron en Malargüe para reflejar la convocatoria que tuvieron esos encuentros.

Las conclusiones de Fernando Simón

Si bien admitió que dentro del polígono del Distrito Minero figuran las áreas naturales protegidas de Cavernas de la Brujas, Castillos de Pincheira y parcialmente la Estación Malargüe, destaca que según el informe de la Dirección de Minería, ninguno de los proyectos se superponen con esas áreas. Y resaltó que si hubiesen divergencia de coordenadas, serán el Iadiza y la Áreas Protegidas quienes tendrán que ratificarlo.

Por todo eso, Simón concluyó en su dictamen que: "Las denuncias en trámite han sido prematuras, en cuanto se dirigen a un procedimiento de impacto ambiental en curso, en el que no se han sustanciado aún los informes técnicos y sectoriales, ni han sido recepcionadas las observaciones ciudadanas que pueden surgir en la instancia de participación convocada".

Y remarcó que justamente por ser prematuras esas denuncias no se pueden encuadrar en situaciones justiciables.

Con información de Diario Uno