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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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Desde Capital Humano vincularon la Marcha Federal Universitaria con sectores opositores. La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional cuestionó la Marcha Federal Universitaria prevista para este martes y aseguró que la convocatoria tiene un componente “claramente político”. La postura fue planteada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante una rueda de prensa.
La movilización tendrá como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, y mejoras salariales para docentes y trabajadores no docentes.
Álvarez sostuvo que existe un reclamo salarial legítimo, pero afirmó que la convocatoria está influenciada por sectores opositores.
El funcionario cuestionó la participación de la CGT y la foto de rectores vinculados al peronismo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según planteó, la presencia de actores ajenos al sistema universitario muestra que la protesta excede el reclamo educativo.
Pettovello, por su parte, afirmó que el Gobierno no está en contra de la universidad pública ni busca cerrar instituciones. La ministra sostuvo que el Ejecutivo quiere explicar su posición “con datos reales” y sin connotación política.
En esa línea, defendió la continuidad de las auditorías y remarcó la necesidad de transparentar el uso de los fondos públicos dentro del sistema universitario.
Un relevamiento de Management & Fit indicó que el 55,1% cree que Manuel Adorni debería renunciar y otro 23,6% considera que debería pedir licencia hasta que avance la investigación judicial.
El eje de la marcha será el pedido de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma contempla, entre otros puntos, una actualización salarial acorde a la inflación acumulada durante 2024 y 2025.
La Casa Rosada sostiene que la ley no especificó de dónde saldrían los fondos necesarios para aplicarla y que, por ese motivo, afecta la Ley de Administración Financiera. Las universidades rechazan ese argumento y recurrieron a la Justicia.
Tras dos fallos favorables a las casas de estudio, el expediente quedó pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Álvarez aseguró que el Gobierno cumplirá con la Ley de Presupuesto y consideró que la Ley de Financiamiento quedó abstracta después de la sanción del Presupuesto. Esa interpretación fue cuestionada por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien recordó que el propio Ejecutivo intentó incluir en el Presupuesto un capítulo para derogar la norma universitaria.
El Gobierno también mantiene abierta otra discusión con las universidades por fondos destinados a hospitales universitarios. Luego de un cruce público con la UBA, Álvarez anticipó que después de la marcha habrá una convocatoria para discutir la distribución de más de $79.000 millones reclamados por las instituciones.
Desde el sistema universitario, en cambio, advierten sobre una fuerte caída en las transferencias. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, afirmó que los fondos enviados por el Gobierno a las universidades cayeron 45,6% desde fines de 2023.
“Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, sostuvo el rector, quien pidió una mesa de diálogo con gremios, autoridades universitarias y representantes de la comunidad educativa para definir cómo aplicar la ley.
La marcha de este martes volverá a reunir a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones políticas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país.
