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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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El decreto 105/2026 prorrogó la adhesión al RIGI e incorporó nuevos desarrollos petroleros y gasíferos onshore. El debate gira en torno al impacto fiscal, la inversión adicional y la estabilidad regulatoria.
El Gobierno nacional prorrogó por un año la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó la explotación de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. La decisión alcanza al segmento upstream onshore, con impacto directo sobre proyectos vinculados a Vaca Muerta.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 105/2026 y fija un piso de inversión de US$600 millones para acceder al régimen. Entre los beneficios previstos se incluyen una alícuota de Ganancias del 25%, amortización acelerada, ventajas aduaneras y cambiarias, exención de derechos de exportación desde el tercer año y estabilidad tributaria, aduanera y regulatoria por 30 años.
El punto central de la discusión es determinar cuánto de la inversión proyectada depende efectivamente del incentivo y cuánto se hubiera realizado de todos modos. Si el régimen permite destrabar proyectos que no avanzarían sin beneficios, puede funcionar como una herramienta para atraer capital, infraestructura y exportaciones.
Sin embargo, si una parte relevante de esas inversiones ya era viable sin el esquema, los beneficios fiscales podrían implicar una transferencia de renta hacia las empresas, con un costo para el Estado nacional y las provincias productoras.
Los incentivos tributarios no son neutros para las cuentas públicas. Cuando el Estado deja de cobrar impuestos, resigna recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación técnica, servicios públicos o reducción de otros tributos. Por eso, el diseño del régimen requiere evaluar criterios de necesidad, proporcionalidad y adicionalidad.
Uno de los argumentos a favor del RIGI es la necesidad de ofrecer previsibilidad en un país con antecedentes de cambios regulatorios, restricciones cambiarias y modificaciones impositivas. Para proyectos de gran escala y largo plazo, la estabilidad jurídica puede ser un factor determinante.
Al mismo tiempo, especialistas advierten que la cobertura frente al riesgo regulatorio podría diseñarse con mecanismos más específicos, como garantías contingentes o compensaciones activables solo ante cambios normativos que afecten la ecuación económica del proyecto.
La discusión también incluye la renta diferencial de Vaca Muerta. Si el recurso tiene alta productividad y potencial exportador, el Estado debe definir qué parte de ese valor queda en manos privadas y qué proporción retorna a la sociedad mediante impuestos, regalías, empleo, infraestructura y desarrollo local.
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El RIGI petrolero puede ser una herramienta útil si logra atraer inversiones adicionales, ampliar la capacidad exportadora y resolver cuellos de botella reales. Pero su impacto deberá medirse con información precisa: inversión nueva, costo fiscal, empleo generado, exportaciones adicionales y participación efectiva del Estado en la renta futura.
Sin esos datos, el debate queda reducido a dos posiciones incompletas: presentar el régimen únicamente como una señal de confianza o interpretarlo solo como una renuncia fiscal. La clave será evaluar si los beneficios otorgados durante 30 años guardan relación con el desarrollo económico que prometen generar.
