La Fiscalía actualizó el perjuicio económico atribuido a los empresarios investigados por presuntas maniobras inmobiliarias. Tienen diez días hábiles para completar la caución.
La causa contra la familia Paco sumó una nueva medida judicial. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos ordenó actualizar la caución que los imputados deben presentar para conservar la libertad durante el avance de la investigación.
La decisión fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción Nº15, luego de recibir un informe del Cuerpo de Contadores del Poder Judicial. Según esa actualización, el perjuicio económico atribuido a los acusados asciende ahora a $2.424.403.467.
Hasta el momento, Diego Paco Ramos, Florentino Daniel Paco, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega mantenían una caución de $400 millones, respaldada mediante la afectación de un terreno como garantía real.
Sin embargo, el nuevo cálculo contable elevó de manera considerable el monto que la Justicia considera necesario para garantizar el proceso.
Por eso, los imputados deberán presentar una caución adicional de $2.024.403.467 para completar el total fijado por la Fiscalía.
El plazo otorgado es de diez días hábiles a partir de este miércoles. El cumplimiento de esa exigencia quedó incorporado como condición para que los acusados mantengan la libertad mientras continúa la investigación.
La causa tiene como protagonistas a integrantes de una familia de constructores vinculada al desarrollo de loteos y emprendimientos inmobiliarios en Guaymallén.
Los empresarios están bajo investigación por presuntas maniobras económicas irregulares relacionadas con operaciones de comercialización de terrenos.
El expediente tomó relevancia pública por la magnitud de los proyectos impulsados por la familia y por las denuncias de particulares que aseguran haber sido perjudicados en distintas operaciones inmobiliarias.
De acuerdo con la estimación incorporada al expediente, el presunto daño económico investigado supera actualmente los $2.400 millones.