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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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El proyecto limita el beneficio a Patagonia, la Puna y Malargüe. En Mendoza, quedarían excluidos departamentos como San Rafael, General Alvear, Valle de Uco y el Gran Mendoza.
La Cámara de Diputados debate una reforma del régimen de Zonas Frías que podría modificar de manera profunda el esquema de subsidios al gas y dejar fuera del beneficio a gran parte de Mendoza.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y acompañada por la alianza entre La Libertad Avanza y sectores del radicalismo, busca focalizar los descuentos exclusivamente en hogares considerados vulnerables y reducir el alcance territorial que había sido ampliado por ley en 2021.
Según el proyecto, los subsidios quedarán reservados a usuarios incorporados al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El beneficio alcanzaría a hogares cuyos ingresos netos no superen tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En este último caso, la Secretaría de Energía deberá evaluar si la condición de discapacidad implica una necesidad efectiva de asistencia económica para pagar los servicios energéticos. Críticos del proyecto advierten que ese mecanismo obligará a los usuarios a realizar nuevos trámites y empadronamientos, lo que podría dificultar el acceso al beneficio.
El texto también redefine el alcance territorial del régimen. La cobertura quedaría limitada a las regiones históricamente incluidas: Patagonia, Malargüe y la Puna. En cambio, quedarían excluidas las zonas incorporadas por la ampliación de 2021.
Tras negociaciones para garantizar el quórum, el proyecto incorporó dentro del esquema subsidiado la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en las áreas que permanezcan alcanzadas por el régimen.
En Mendoza, el impacto sería significativo: Malargüe sería el único departamento que permanecería dentro del régimen de Zonas Frías.
Quedarían excluidos el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
El argumento del oficialismo es que la ampliación de 2021 extendió los beneficios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, incluyendo sectores de alto poder adquisitivo que no responden a criterios de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, el debate también incluye cuestionamientos sobre la situación financiera del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Según datos citados en el debate, el fondo tuvo superávit en los tres años posteriores a la ampliación: $16.818 millones en 2021, $7.697 millones en 2022 y $39.213 millones en 2023. En 2024, ya bajo la actual gestión, registró un balance negativo de $54.810 millones. En 2025, si bien se informó un resultado positivo de $31.823 millones, ese número incluyó una transferencia nacional de $40.559 millones, por lo que el déficit real habría sido de $8.736 millones.
Desde el Instituto Consenso Federal cuestionan la narrativa oficial y sostienen que el deterioro financiero se produjo durante la actual administración, no durante los primeros años de vigencia de la ley ampliada.
También rechazan que el régimen haya generado un consumo desmedido. Según un relevamiento citado por la entidad, el consumo en las nuevas zonas frías creció apenas 7% entre 2021 y 2024, una cifra que consideran compatible con un uso moderado.
Los críticos del proyecto también advierten que las zonas frías requieren, por condiciones climáticas, un consumo de gas superior al de regiones templadas. Por eso sostienen que el descuento funciona como una compensación y no como un privilegio.
El debate queda ahora en manos de Diputados, con una discusión atravesada por el impacto tarifario, el costo fiscal y el efecto directo sobre hogares y pymes de provincias como Mendoza.
