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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·

Mendoza DGE

La DGE utilizará dos casas decomisadas por trata de personas para fortalecer el Área de Género

Las propiedades están ubicadas en calle José Federico Moreno, en Ciudad. Fueron decomisadas por la Justicia Federal en 2016 tras una causa por trata de personas.

Miercoles, 13 de Mayo de 2026
[ultimasnoticias]

El Gobierno de Mendoza oficializó la transferencia de dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Mendoza a la órbita de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Las propiedades están situadas en calle José Federico Moreno al 2000 y tienen un origen judicial relevante: fueron decomisadas por la Justicia Federal en 2016, tras una sentencia por infracción a la Ley de Trata de Personas.

Qué uso tendrán las propiedades

A través de un decreto, el Poder Ejecutivo dispuso que los edificios sean destinados al funcionamiento de la Coordinación del Área de Género del sistema educativo provincial.

La decisión busca transformar bienes vinculados a delitos federales en espacios destinados a la promoción de derechos, igualdad y políticas de integración.

Según el decreto, la DGE utilizará estas instalaciones para fortalecer la aplicación de normas como la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y la legislación de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Un espacio para políticas de género

El objetivo es que el equipo técnico y administrativo del Área de Género cuente con un espacio físico propio para desarrollar sus tareas.

Desde allí se buscará articular acciones con organismos nacionales, municipios y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la diversidad, la igualdad y la prevención de violencias.

La medida también se enmarca en la normativa que permite reutilizar activos decomisados para beneficio de la ciudadanía.

El traspaso formal

El decreto instruye a la Escribanía General de Gobierno a realizar los trámites necesarios para actualizar la inscripción registral de las propiedades a nombre de la Provincia de Mendoza.

Con este paso, se completa el proceso iniciado tras el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1, que había dispuesto el decomiso de los inmuebles.

De esta manera, dos propiedades recuperadas en una causa por trata de personas pasarán a cumplir una función pública dentro del sistema educativo provincial.

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