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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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El Gobierno sueco impulsa una ley para bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves. La medida responde al aumento de asesinatos y atentados cometidos por menores reclutados por bandas.
Suecia debate una de las reformas penales más sensibles de los últimos años: bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para casos graves y enviar a cárceles especiales a adolescentes condenados por delitos como asesinatos o intentos de homicidio.
La iniciativa surge en medio de una fuerte preocupación por el avance de las bandas criminales, que en los últimos años comenzaron a reclutar menores para cometer ataques, tiroteos y explosiones en distintas ciudades del país.
El Gobierno sueco sostiene que el enfoque aplicado hasta ahora, basado principalmente en la intervención de servicios sociales, no logró contener el problema.
Según el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, el país atraviesa una situación de emergencia. El funcionario afirmó que el año pasado 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en procesos judiciales como sospechosos de asesinato o intento de asesinato.
La propuesta será votada por el Parlamento el 15 de junio y, si se aprueba, será revisada después de cinco años.
La reforma forma parte de un paquete más amplio contra el crimen organizado, que incluye penas más largas y mayores facultades para la Policía.
De acuerdo con estimaciones oficiales, en Suecia hay 17.500 miembros activos de bandas y unos 50.000 asociados. Las redes criminales operan en delitos como narcotráfico, fraudes a gran escala y robos, con ingresos calculados en unos 185.000 millones de coronas suecas al año, equivalentes a cerca de 20.000 millones de dólares.
Una de las prisiones adaptadas para recibir a menores violentos es Rosersberg, ubicada al norte de Estocolmo.
El establecimiento forma parte de un grupo de tres cárceles que serán reacondicionadas para alojar adolescentes condenados por los delitos más graves. Una de ellas estará destinada a mujeres.
Según las autoridades penitenciarias, la vida dentro de estos centros estará enfocada en la escolarización y en rutinas controladas.
Los jóvenes podrán ver televisión, jugar videojuegos o entrenar en un gimnasio durante su tiempo libre, pero las celdas permanecerán cerradas desde las 20.
El director de la prisión de Rosersberg, Gabriel Wessman, explicó que uno de los principales desafíos será brindar contención emocional a adolescentes que, en muchos casos, nunca vivieron lejos de sus padres.
“Van a crecer aquí”, señaló, al remarcar que el sistema deberá acompañarlos incluso durante la pubertad.
Los teléfonos no estarán permitidos, mientras que actividades como clases de ajedrez serán incorporadas para trabajar la concentración. Las autoridades también analizan incluir objetos de contención emocional en las celdas.
Hasta ahora, los menores que cometían delitos graves eran derivados a hogares juveniles y quedaban bajo intervención de servicios sociales. Sin embargo, un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia indicó que nueve de cada diez jóvenes vinculados a bandas que pasaron por esos hogares reincidieron, y ocho de cada diez terminaron en prisión al llegar a la adultez.
El oficialismo argumenta que la prisión permitirá proteger a la población, garantizar justicia para las víctimas y cortar los vínculos de los menores con las bandas.
Pero la medida también generó cuestionamientos de especialistas y sectores opositores.
La diputada Wilma Roth, del Partido del Centro, advirtió que un chico de 13 años sigue siendo un niño y sostuvo que los menores de 15 que cometen delitos graves deberían recibir tratamiento y cuidado, no prisión.
También hubo advertencias de organismos policiales y penitenciarios sobre los riesgos de aplicar una reforma de este tipo.
El debate sueco ocurre mientras otros países europeos revisan sus propios límites de responsabilidad penal. Reino Unido e Irlanda del Norte, donde la edad mínima es de 10 años, discuten elevar ese umbral. Dinamarca, en cambio, redujo la edad a 14 años en 2010, pero investigadores concluyeron que la medida no tuvo impacto significativo en los niveles de criminalidad.
El criminólogo Felipe Estrada Dorner, de la Universidad de Estocolmo, planteó que encarcelar a chicos ya marginados puede afectar aún más sus oportunidades de vida, aunque también remarcó que la sociedad necesita protección frente a delitos graves.
