El presidente boliviano busca reordenar su equipo en medio de una fuerte presión social. Indígenas, campesinos, mineros y transportistas mantienen protestas y bloqueos en La Paz y sus alrededores.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una reorganización de su gabinete en medio de la crisis social y política que golpea al país desde hace semanas.
Con apenas seis meses en el poder, el mandatario enfrenta protestas, bloqueos de rutas y movilizaciones de sectores indígenas, campesinos, mineros y transportistas, principalmente en La Paz y sus alrededores.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, Paz afirmó que su administración necesita modificar su equipo para mejorar la capacidad de respuesta frente al conflicto.
El presidente aseguró que mantendrá abiertas las puertas al diálogo con los sectores que respeten la democracia, aunque advirtió que no negociará con “vándalos” ni con quienes exigen su renuncia.
La decisión se produce en medio de la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas, marcada por la escasez de combustibles, inflación, bloqueos y una creciente presión sobre el Gobierno.
Este miércoles, cientos de campesinos, indígenas y transportistas marcharon por las calles de La Paz. Con banderas indígenas, avanzaron por la capital política del país mientras la Policía resguardaba los accesos a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno.
Uno de los reclamos centrales es el abastecimiento de combustibles. “Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya”, afirmó a la AFP Romer Cahuaza, transportista del sur de La Paz.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció ante la OEA que algunos grupos buscan debilitar al Gobierno y alterar el orden democrático y constitucional.
Según el funcionario, en las protestas se registraron acciones de sectores organizados que exceden el ejercicio legítimo de la protesta social y política.
Aramayo sostuvo que existen indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan por fuera de la legalidad y que buscan usar el conflicto social como mecanismo de presión contra la democracia.
El gobierno de Paz acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas. Morales se encuentra prófugo de la Justicia por una causa de presunta trata de una menor.
“No vamos a negociar y dialogar con quienes están pidiendo la renuncia del presidente, porque es una afrenta a la democracia”, afirmó Aramayo.
Mientras tanto, Paz intenta contener la escalada con cambios internos en su gabinete y una estrategia que combine diálogo con sectores sociales y firmeza frente a quienes, según el Ejecutivo, buscan desestabilizar al Gobierno.