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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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Un fallo de la pandemia habilitó el uso de celulares en cárceles bonaerenses. Seis años después, fiscales y jueces alertan por estafas, amenazas y extorsiones cometidas desde los penales.
El uso de celulares en cárceles bonaerenses volvió a quedar bajo la lupa judicial. Fiscales y jueces advierten que desde distintos penales de la provincia de Buenos Aires se organizan estafas, amenazas y extorsiones mediante teléfonos móviles.
Según estimaciones judiciales, en las cárceles de la provincia funcionan unas 60 mil líneas activas, una cifra que expone la magnitud de un problema que comenzó a profundizarse durante la pandemia y que, años después, continúa sin un control efectivo.
El origen del esquema se remonta al 30 de marzo de 2020, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó el uso de teléfonos celulares en cárceles provinciales. La decisión se tomó en plena pandemia de COVID-19 con un argumento humanitario: evitar el aislamiento extremo de los detenidos.
Sin embargo, lo que en principio era una medida de emergencia quedó instalado en el sistema penitenciario bonaerense.
Para entonces, el problema ya existía: antes del fallo ya se incautaban miles de dispositivos en requisas. La diferencia es que, desde esa autorización, el fenómeno dejó de ser marginal y pasó a formar parte de una dinámica estructural dentro de los penales.
El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari advirtió que en las requisas se secuestran teléfonos obtenidos legalmente y otros ingresados de forma clandestina. Según explicó, los investigadores detectan maniobras de estafa en las que internos se hacen pasar por representantes de empresas para engañar a víctimas en el exterior.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado también alertó sobre el alcance del problema. Según describió, en los allanamientos se observa que algunos internos tienen más de un teléfono celular, lo que dificulta cualquier esquema de control.
Para los investigadores, el uso de celulares dentro de las cárceles permite que personas privadas de libertad sigan operando hacia el exterior, lo que reduce el efecto real del encierro y facilita delitos organizados desde las celdas.
Uno de los casos que expuso con mayor crudeza el problema fue el de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años que cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos y fue hallado muerto el 16 de diciembre de 2025.
La investigación reconstruyó que había sido víctima de una extorsión sexual. Quienes lo contactaron se hicieron pasar por autoridades y lo amenazaron con iniciarle una causa si no pagaba dinero.
Según la causa, Rodrigo realizó al menos cuatro pagos por un monto cercano a $1,4 millones. La jueza Arroyo Salgado determinó que la maniobra habría sido ejecutada por internos alojados en el penal de Magdalena.
“Sin celulares, esta extorsión no hubiera sido posible en estos términos”, sostuvo la magistrada.
El ex titular del Servicio Penitenciario Federal Miguel Perrota señaló que la provincia de Buenos Aires es una excepción en materia de habilitación del uso de celulares dentro de cárceles.
También advirtió que existe una economía clandestina alrededor del ingreso de teléfonos. Según explicó, introducir un celular en una cárcel común puede costar entre $1 millón y $2 millones, mientras que hacerlo en una unidad de máxima seguridad puede llegar a costar hasta US$10.000.
Perrota remarcó que muchos de esos dispositivos son pequeños y fáciles de ocultar, lo que complejiza las tareas de control dentro de los establecimientos penitenciarios.
Arroyo Salgado sostuvo que el problema requiere una decisión política del Ministerio de Justicia bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena, para hacer cesar una situación que, según planteó, ya no tiene respaldo en el contexto excepcional de la pandemia.
La magistrada también propuso que la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, pueda impulsar un amparo colectivo en defensa de las víctimas.
A nivel nacional, además, pidió que el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques incorpore en la reforma del Código Penal una definición más amplia de la pena privativa de la libertad, para que no solo alcance a la libertad física, sino también a la “libertad virtual”.
Ferrari, por su parte, planteó como hipótesis mínima la creación de unidades de aislamiento para detenidos de alto perfil. Según el fiscal, cuando se logra restringir judicialmente el acceso a teléfonos celulares, los delitos disminuyen de manera notoria.
