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Se evalúa realizar cambios en la Ley de Defensa al Consumidor que busca agilizar los reclamos y mejorar la protección de los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas.
Al respecto Franco Ambrosini, diputado provincial de Cambia Mendoza y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó que hay dos leyes: la Ley de Defensa al Consumidor (5547) y la Ley provincial 9314, que dispone todo lo que es referente a la sanciones por la violación a los derechos de los consumidores, y en ese sentido se ha reformado el artículo 41 y 42 de la Ley Provincial.
La medida limitaría las apelaciones abusivas de las grandes empresas que alargan los procesos judiciales eternamente, dejando las denuncias de los consumidores sin efecto.
En este marco Ambrosini recordó que uno de los más grandes problemas a los que se enfrentan los consumidores es a la hora de hacer una denuncia contra una gran empresa y no llegar a un acuerdo con el denunciante, ya que la oficina de Defensa al Consumidor no podía continuar con el proceso judicial porque las empresas apelaban a este "no acuerdo" interminablemente, dejando a veces las denuncias sin efecto alguno que podían llegar hasta la Corte y nunca podían ejecutar la multa o la sanción a estas empresas.
Ahora, sin embargo, a partir de los cambios en los artículos 41 y 42 de la Ley 9314, las grandes empresas deberán pagar una multa cada vez que intenten apelar, y de este modo llegar a una resolución mucho más rápido y más beneficiosa para los consumidores.
En cuanto a la otra reforma, para la Ley 5547, se modifica cómo se van a repartir los recursos que ingresen a partir de las multas a Defensa al Consumidor. El 50% va a ir a los municipios de los que se generen las sanciones, teniendo en cuenta que los mismos tienen sus propias oficinas de Defensa al Consumidor; y el otro 50% va a ir a la oficina Defensa del Consumidor provincial, que tendrán ciertos requisitos que deben que cumplir.
Respecto a cómo se van a usar los fondos, Ambrosini destacó que se va hacer principal hincapié en la inversión de tecnología con el fin de contar con nuevas computadoras y la última tecnología para controlar; como así también la capacitación del personal que pertenezca a Defensa al Consumidor y la difusión y educación para explicar sobre los derechos que tienen los consumidores.