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· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
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El Ministerio de Seguridad creó un ámbito de coordinación para anticipar riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado en proyectos estratégicos de minería, energía, infraestructura, tecnología y turismo.
El Gobierno nacional creó una mesa especial de seguridad para prevenir riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado en los proyectos incluidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Susana Monteoliva.
La nueva mesa tendrá como objetivo monitorear amenazas vinculadas a emprendimientos de gran escala en sectores como minería, energía, industria, tecnología, infraestructura y turismo.
Según la resolución, el Ejecutivo detecta riesgos concretos asociados al lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión y la infiltración de organizaciones criminales en actividades económicas lícitas.
El Gobierno justificó la creación del organismo por el crecimiento del RIGI. Hacia fines de 2025, ya había una docena de proyectos aprobados formalmente, con compromisos de inversión superiores a los US$13.000 millones. Además, existen más de veinte iniciativas adicionales en distintas etapas de evaluación.
Las inversiones se distribuyen en provincias estratégicas como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, lo que obliga a coordinar acciones con gobiernos locales, fuerzas de seguridad y actores privados.
La mesa funcionará como un ámbito permanente de coordinación interinstitucional. Estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y las fuerzas federales.
También podrán ser convocadas autoridades provinciales, cuerpos policiales locales, organismos de la Ciudad de Buenos Aires y la Sedronar.
El esquema prevé además cooperación con empresas privadas, cámaras empresarias, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura. El Gobierno aclaró que no se crearán nuevas cargas burocráticas ni costos adicionales para las compañías.
La intención será avanzar con protocolos de prevención, capacitaciones, canales de reporte de riesgos y mecanismos de alerta temprana ante posibles amenazas.
Dentro de la estrategia oficial, la Unidad Antimafia, creada en 2024, tendrá un rol central. También participará el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, orientado a monitorear fenómenos vinculados al narcotráfico y al desvío de precursores químicos.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los grandes proyectos de inversión pueden generar cambios poblacionales, laborales y urbanos que requieren abordajes preventivos integrales.
Por eso, la mesa también buscará fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de inversiones estratégicas en todo el país.
