· [clima]
· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
· Domingo 1 de febrero de 2026 ·
Víctor Fayad presentó en Diputados el paquete de reformas que combina recortes, reorganización de organismos y beneficios para atraer inversiones. El ministro admitió que podría haber cierre de salas de casino deficitarias.
La Legislatura de Mendoza comenzó a debatir el paquete de reformas impulsado por el Gobierno provincial, una iniciativa que el propio oficialismo encuadra en un esquema de ajuste, reordenamiento estatal y promoción de inversiones.
El proyecto, anunciado por Alfredo Cornejo durante la Asamblea Legislativa del 1º de mayo, apunta a reestructurar organismos, reducir gastos y generar incentivos para atraer capitales en un contexto de caída sostenida de la recaudación provincial.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, expuso ante un plenario de comisiones de Diputados y explicó los principales puntos del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El funcionario sostuvo que la recaudación provincial continúa en baja y que no hay señales claras de una recuperación en el corto plazo.
“En abril cayó menos que en el primer trimestre, pero sigue cayendo”, advirtió Fayad ante los legisladores.
El paquete oficial funciona como continuidad del plan aplicado en 2024 bajo el nombre “Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado”.
La nueva iniciativa tiene cuatro capítulos y dos ejes principales: por un lado, la promoción de inversiones; por otro, la reestructuración de organismos estatales considerados deficitarios o poco eficientes.
Uno de los puntos centrales es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en la reforma laboral sancionada semanas atrás en el Congreso.
El Gobierno promete estabilidad fiscal para quienes ingresen al régimen: no se crearán nuevos impuestos por un plazo de 10 años y se fijará un techo a las alícuotas existentes.
Además, las pymes adheridas tendrán prioridad para acceder a financiamiento, subsidios de tasas, parques industriales, programas de empleo y herramientas vinculadas a la exportación.
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC).
El organismo dejaría de otorgar créditos directos a productores y pasaría a funcionar bajo un esquema de subsidio de tasas para quienes accedan a financiamiento privado. También canalizaría respaldo mediante sociedades de garantías recíprocas.
En paralelo, el Ejecutivo busca depurar activos incobrables heredados de los exbancos provinciales, muchos de ellos con más de 30 años sin recupero.
“Nos sale más caro el collar que el perro”, graficó Fayad al justificar la baja de esa cartera, que en algunos casos mantiene inmuebles bloqueados con garantías hipotecarias sin valor real.
Otro eje de alto impacto es la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).
Según explicó Fayad, el Gobierno evalúa el cierre de salas tradicionales consideradas deficitarias y una reducción de personal en esas unidades.
El apostador compró su ticket en Palmira y fue uno de los dos ganadores de la modalidad Revancha. Aunque ganó más de $3.310 millones, recibirá una suma menor por el impuesto a los premios.
“Hay unidades que con los ingresos que generan no alcanzan a cubrir ni el 30% de sus costos. Esto le quita recursos al Instituto y, consecuentemente, a los destinos que tiene, principalmente al financiamiento de programas de salud”, sostuvo el ministro.
Respecto del personal afectado por eventuales cierres de salas o por cambios en el FTyC, el Gobierno maneja tres alternativas: reubicación en otras áreas del Estado, retiro voluntario o pase a disponibilidad.
Fayad aseguró que existen necesidades permanentes de recursos humanos en distintas áreas estatales y que en los últimos meses algunas vacantes no fueron cubiertas justamente para absorber empleados provenientes de organismos en reestructuración.
“En los últimos tres meses no las cubrimos, pensando en que gran parte se podían cubrir con empleados de organismos que estamos reestructurando”, explicó.
El debate recién empieza en la Legislatura, pero anticipa una discusión política fuerte entre el oficialismo, que defiende el paquete como una medida de eficiencia y responsabilidad fiscal, y la oposición, que cuestiona el impacto laboral y el alcance del ajuste sobre organismos públicos.
