El canciller Bruno Rodríguez cuestionó una nueva orden ejecutiva de Donald Trump y acusó a Washington de ampliar medidas económicas contra terceros países que mantengan vínculos con Cuba.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, volvió a cuestionar al Gobierno de Estados Unidos tras la firma de una nueva orden ejecutiva de Donald Trump que amplía las sanciones contra la isla y contra personas o entidades extranjeras que mantengan determinados vínculos con sectores de la economía cubana.
Rodríguez sostuvo que con la medida “se le cae la máscara” a Washington, al considerar que el bloqueo deja de presentarse como un asunto bilateral y pasa a operar de manera explícita sobre terceros países, empresas, bancos e instituciones que tengan relación con Cuba.
La orden ejecutiva firmada el 1 de mayo amplía el marco de sanciones contra el Gobierno cubano y sus afiliados. Según Reuters, la medida puede alcanzar a cualquier persona extranjera que opere en sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros, seguridad u otros rubros de la economía cubana.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó 837 muertos y 2.381 heridos por ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre de 2025. Israel sostiene que responde a amenazas y violaciones de seguridad.
La frase fue publicada por Rodríguez en su cuenta de X, donde también afirmó que la medida atenta contra la soberanía de otros Estados al intentar condicionar activos, empresas, bancos e instituciones fuera del territorio estadounidense.
Desde Washington, la Casa Blanca justificó el endurecimiento de sanciones bajo el argumento de que las políticas del Gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El reclamo cubano también apuntó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negó que exista un bloqueo petrolero contra Cuba. Rodríguez respondió que Rubio “miente” y recordó que Trump firmó en enero una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que exporten combustible a la isla.
Según el canciller cubano, esa política tuvo impacto directo en el abastecimiento energético de la isla y forma parte de un cerco económico más amplio. También acusó a Rubio de conocer el daño que provoca esa presión sobre la población cubana.

Registros citados por The Intercept señalan que el FBI pasó de 279 empleados en tareas migratorias a más de 6.500 durante los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump.
Las nuevas medidas llegan en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana. Cuba las define como “medidas coercitivas unilaterales” y sostiene que buscan imponer un castigo colectivo al pueblo cubano, mientras que Estados Unidos las presenta como parte de su estrategia para presionar al Gobierno de la isla.
El conflicto vuelve a poner en el centro el carácter extraterritorial de las sanciones estadounidenses, una práctica que Cuba denuncia desde hace décadas y que ahora vuelve a escalar con restricciones orientadas no solo contra funcionarios y entidades cubanas, sino también contra actores internacionales que mantengan relaciones económicas con la isla.