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La low cost dejó de pagar los aportes patronales de sus empleados; crecen las versiones que indican que podría presentar un concurso preventivo
Después de que trascendiera que Flybondi dejó de pagar la obra social de sus empleados y en medio de versiones que indican que podría presentar un concurso preventivo, la primera low cost argentina sufrió otro embate, ya que la Justicia dispuso la ejecución fiscal de sus cuentas por una deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que asciende a $1525 millones.
ARCA inició esta semana al menos seis ejecuciones fiscales contra Flybondi por deudas tributarias correspondientes a distintos períodos comprendidos entre marzo y junio de 2026. Las causas tramitan ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires.
La senadora dejó abierta la posibilidad de competir por la Ciudad, pero aclaró que su candidatura dependerá del acuerdo electoral que alcancen ambos espacios de cara a 2027.
Después de que trascendiera que Flybondi dejó de pagar la obra social de sus empleados y en medio de versiones que indican que podría presentar un concurso preventivo, la primera low cost argentina sufrió otro embate, ya que la Justicia dispuso la ejecución fiscal de sus cuentas por una deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que asciende a $1525 millones.
ARCA inició esta semana al menos seis ejecuciones fiscales contra Flybondi por deudas tributarias correspondientes a distintos períodos comprendidos entre marzo y junio de 2026. Las causas tramitan ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires.
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De acuerdo con la documentación judicial relevada, en cinco de los seis expedientes el capital reclamado suma aproximadamente $1525 millones. El monto total podría ser mayor, dado que todavía no se cuenta con el detalle de la deuda correspondiente al sexto expediente identificado.
Las demandas fueron presentadas el 11 de agosto de 2026 y, al día siguiente, los tribunales intervinientes ordenaron embargos generales sobre los fondos bancarios de la compañía. Si se contempla el 15% adicional fijado judicialmente para cubrir intereses y costas, el embargo alcanza aproximadamente los $1754 millones.
Los reclamos incluyen obligaciones vinculadas principalmente con el impuesto a las ganancias, retenciones y percepciones de IVA y otros regímenes tributarios. Una parte significativa corresponde a sumas respecto de las cuales la empresa habría actuado como agente de retención o percepción: es decir, fondos que debe recaudar de terceros para luego ingresarlos al Fisco.
Fuente: La Nación
