· Domingo 26 de marzo de 1978 · · [temperatura]
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Un informe de CIPIBIC reveló que compras por más de u$s360 millones podrían ser abastecidas por firmas locales, mientras especialistas cuestionan los datos oficiales sobre la participación pyme y alertan por la falta de integración productiva.
El alcance real del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sobre la cadena de valor doméstica quedó en el centro de la controversia. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), el 66,9% de las importaciones canalizadas a través de este esquema corresponde a rubros que la industria argentina se encuentra plenamente capacitada para abastecer. En términos monetarios, el seguimiento determinó que unos u$s362,7 millones sobre los u$s542,2 millones ingresados desde el exterior recaen dentro del rango de bienes fabricables a nivel local.
El estudio identificó 62 posiciones arancelarias repartidas en siete segmentos específicos. Hasta el momento, de los 25 proyectos con aval oficial, 11 ya concretaron compras en el exterior, mientras que los 14 restantes todavía no alcanzaron la fase de adquisición de maquinaria. El mayor consumo de divisas se concentró en calderías, tanques y estructuras metálicas por u$s113,2 millones —con fuerte incidencia de las iniciativas SIDERSA y Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)—, seguido por el rubro de generación y equipamiento eléctrico con u$s102,3 millones, traccionado por el Parque Eólico Olavarría, y las operaciones de filtración y tratamiento de fluidos, que demandaron u$s93,4 millones distribuidos entre diversas compañías.
La preocupación de los fabricantes radica en la inminencia de las contrataciones venideras. Sobre un volumen global comprometido de u$s36.779 millones en activos computables, el 55% —equivalente a u$s20.272 millones— tiene plazos de cumplimiento fijados entre 2027 y 2028. Dado que las instancias de homologación técnica y selección de proveedores suelen requerir entre un año y un año y medio de anticipación, la definición comercial sobre qué talleres suministrarán ese equipamiento se está dirimiendo en la actualidad.
Este escenario contrasta con la marcada concentración sectorial del esquema. Datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA señalan que casi el 97% de las iniciativas pertenecen a las ramas de energía y minería, que junto al agro constituyen el núcleo dinámico de la actividad. En la vereda opuesta, ramas generadoras de mano de obra como el comercio y la industria manufacturera sufren el impacto de la contracción de la demanda interna y la apertura comercial, reflejado en mediciones de ADIMRA que constataron un retroceso interanual del 3,3% en la producción metalúrgica vinculada al petróleo y gas.
Frente a las críticas por la débil integración de la cadena de suministros, el Poder Ejecutivo puso en marcha rondas de negocios destinadas a vincular a los grandes consorcios con firmas locales y anunció medidas de alivio fiscal, como el freno a los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mediados de 2027. Sin embargo, persisten marcadas dudas en torno a las estadísticas que esgrime el ministro de Economía, Luis Caputo, quien llegó a asegurar que el 82% de las compras del RIGI recaen en firmas nacionales.
Especialistas del sector y exdirectivos de organismos internacionales coinciden en que dicha cifra carece de respaldo metodológico claro. Advierten que el cálculo gubernamental podría estar ponderando la cantidad nominal de empresas registradas en lugar de los montos facturados, o bien computando como productores locales a simples intermediarios comerciales e importadores directos, lo que diluye el derrame genuino de las inversiones sobre el entramado productivo nacional.