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El oficialismo ya trabaja en la apelación tras el fallo favorable de la CGT.
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El lunes comenzó con un revés en el terreno judicial para el Gobierno: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral a raíz de una presentación de la CGT. El oficialismo ya promete trabajo con ejes puntuales para revertir el escenario.
La administración libertaria promete ir a fondo hasta que toda la ley sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras esté plenamente vigente. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dicen fuentes libertarias al tanto de la estrategia jurídica tras la decisión a favor de la central obrera. Al mismo tiempo, recalcan la legitimidad parlamentaria de la normativa.
Por eso, la decisión será apelada, tal como comunicó el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. Son las dos áreas a cargo del trabajo en el terreno jurídico. Por el momento, el ministro de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques no está involucrado en el seguimiento de la causa.
Así fue resuelto por el juez Pablo Jorge Torterolo. La cúpula de la central obrera cuestionó la constitucionalidad de la legislación.
En la cartera que lidera Sandra Pettovello emitieron un comunicado con referencia a la presentación de la calle Azopardo. “El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, recalcaron.
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La Justicia de Río de Janeiro hizo lugar al pedido de la defensa, levantó las restricciones y le permitirá regresar al país tras pagar una fianza de 97 mil reales, mientras la causa sigue abierta.